“El problema es que los vascos son demasiado conocidos en la DG-4”. Así, con sentido de humor, me explicaba ayer un alto cargo de la Administración, el problema que se ha gestado durante 17 años en el seno de la Comisión Europea y que está a punto de escalar un nuevo peldaño: la imposición de sanciones –a España, ergo a las Diputaciones forales- por las ayudas fiscales concedidas a determinadas empresas vascas en la década de los años 90. El anuncio de una multa diaria por no haber recuperado esas ayudas, que el Tribunal Europeo ya dictaminó como ilegales, se producirá en los próximos días.

Los matices técnicos y jurídicos de la cuestión son suficientemente enrevesados como para sobrevolarlos. El fondo de la cuestión ya fue juzgado por el Tribunal de Luxemburgo y dictó sentencia: no se ajustaban a la legalidad. Me da la sensación de que en la persecución que ahora hace la Comisión Europea de este tema puede haber algo de ensañamiento, quizá también de maniobra ejemplarizante –cómo enseñar a los europeos el rigor en las normas de la competencia, pateando el trasero de las Diputaciones forales- e incluso me atrevo a intuir que hay algo de revancha. Ya sé que semejante actitud no encaja para nada con el espíritu de Robert Schuman pero la naturaleza humana tiene esas flaquezas.

Ahora, con perspectiva histórica, tengo que concluir que me equivoqué hace aproximadamente una década al juzgar a los altos funcionarios de la Comisión Europea. Pensé entonces que eran unos indolentes, que tenían las gónadas y los ovarios de un material similar al mármol y que, más o menos, les daba igual el desplante permanente de las autoridades vascas de la época. ¿Cómo si no se podía interpretar que ni se inmutasen ante las respuestas que recibían de las diputaciones forales? “Que me mande usted la lista de las empresas que han aplicado deducciones”, le decía una alta funcionaria de la UE a las haciendas forales. “Busque usted mismo los nombres. Se han publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia”, le respondía entonces con sorna el Ejecutivo foral vizcaíno, presidido por Josu Bergara. Y ni se inmutaban, oiga. O, al menos, eso parecía.

Me equivoqué. Sí se inmutaban, pero ni nos dábamos cuenta. Iban a su ritmo, pausado, funcionarial, protocolizado, infinito y agotador….al tiempo que acumulaban en silencio inquina, mala leche y sed de venganza. Y de aquellos polvos……
Es pronto todavía para vislumbrar un final en la historia pero, al menos en el corto plazo, algunos cientos de empresas vascas van a sudar frío. En sus auditorías ya hay una nota en la que se señala que hay un procedimiento abierto. En los balances de algunas existe una provisión por si esto salía como está saliendo –es decir, mal- pero nadie les va a quitar el susto de encima.

Y, no se engañen. Con esto no salen perdiendo los empresarios, sino las empresas, que no es exactamente lo mismo e implica a mucha más personas.

Gobierno vasco y diputaciones acaban de pactar un paquete de medidas fiscales para 2011, la mayor parte de ellas ya telegrafiadas o insinuadas desde hace meses. La deflactación de los tramos de gravamen del IRPF y la aplicación de una nueva deducción para pensionistas y parados con una base imponible inferior a 20.000 euros al año son las más destacadas.

La primera puede pasar sin pena ni gloria. Tan sólo una pequeña parte de la población es capaz de discernir con claridad lo que significa. EL IRPF es un mundo tortuoso sólo accesible para masoquistas. La segunda, la que afecta a pensionistas y parados -100.000 de los primeros y 60.000 de los segundos, según los cálculos oficiales- va a ser publicitada hasta la saciedad por los responsables políticos. Unos se apuntarán el tanto de haber sido los primeros en proponerla –sin duda, un mérito que le corresponde al PNV-, mientras que otros darán menos importancia a la paternidad de la deducción para recordar que ellos lo van a aprobar en los parlamentos forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.

Es cierto que todo lo que se haga para mejorar la situación económica de quienes menos ganan es positivo y por lo tanto esta medida lo es, a pesar de que la deducción media para los pensionistas va a ser tan sólo de 150 euros y de 35 euros para los parados. Dividido entre 365 días toca a 41 céntimos de euros diarios para los primeros y 9 céntimos para los segundos. En ninguno de los casos llega para tomar un café con leche al día.

Hay mucho de electoralismo en esta decisión. Hace tan sólo unos días, un alto responsable de una de las haciendas vascas me confesó que en una época preelectoral como la que ya vivimos –con un ojo puesto en el presente y otro en los comicios municipales y forales de mayo-, toquetear los impuestos es un asunto en extremo delicado. Le cuestioné sobre la oportunidad de eliminar la deducción por vivienda, algo que según muchos expertos no ha hecho sino contribuir en el pasado a engordar el ‘boom’ inmobiliario. “¡Eso no hay quien lo haga ahora. Es la deducción que más contribuyentes aplican! A un paso de las elecciones. ¡Ni locos!”.

Pues nada, habrá que esperar a que pasen las elecciones para que se tomen en serio el asunto este de los impuestos. Mientras tanto…se buscan votos.

Anda estos días el patio financiero vasco un tanto revuelto. La razón, la decisión de las diputaciones forales de aumentar la tributación fiscal de las Sicav del 1% al 28% o, lo que es lo mismo, finiquitar esta figura en el País Vasco. La decisión, que desde el punto de vista fiscal puede resultar justa, tiene sus desventajas. Lo bueno no siempre coincide con lo mejor y éste, probablemente, es un caso paradigmático.

En el País Vasco están registradas algo más de 200 sociedades de este tipo pero apenas unas 70 tienen actividad. Sin embargo, tienen su importancia en la actividad de la Bolsa de Bilbao; el mantenimiento dentro de Euskadi de capitales importantes o en la actividad de algunas empresas dedicadas a la gestión de estas sociedades.

La medida parece que es una vuelta de tuerca sobre los ricos, cuando en realidad es una patada en el culo de una parte de la economía vasca –la “industria” que se dedica a la gestión de patrimonios-; un paso más en el desmontaje de la plaza financiera de Bilbao y la inestabilidad laboral quizá para muchos profesionales que hoy se dedican a estos menesteres en la comunidad autónoma. Los ricos se mueven sin problemas, son los pobres los que se quedan a contemplar el solar.

Ya que el Gobierno español ha decidido mantener la tributación de las Sicav al 1% y en el resto de Europa la situación es similar, la decisión de las diputaciones no supone beneficio alguno para sus arcas y sí algunas pérdidas. La primera, el mensaje de “¡Ricos fuera!”. Puede resultar populista, pero es realmente peligroso. Y es que los movimientos migratorios del mundo demuestran que, al final, los “pobres” no tienen otro remedio que emigrar a donde están los “ricos”. Ya son ganas de joder pero….. es lo que hay.
Podemos perder también profesionales y deslocalizar centros de decisión. A saber. ¿Cómo justificará en el futuro alguna Diputación, que alguna entidad financiera sobre la que tiene una amplia influencia, traslade fuera del País Vasco a su equipo de gestión encargado de las Sicav? Y, por si fuera poco, con el diputado de Hacienda de turno sentado en el consejo de administración de la caja de ahorros, en cuestión. Puede ser histórico. Hasta ahora, la fiscalidad vasca estaba construída sobre la idea de “atraer” y no la de “alejar”. ¿Diabólico, verdad? Pues está al caer….salvo que alguien le busque solución.

Y coincido con los que han tomado la decisión, en que esta cosa de las Sicav es difícilmente soportable. Son un fraude de ley como la copa de un pino, porque de “colectivas” tienen poco –admito que hay excepciones, pero las mínimas- y se ha pervertido su objeto; suponen una ventaja para quienes pueden destinar 2,4 millones de euros a la inversión en activos financieros, frente a quienes no alcanzan esa cantidad, porque les permite reinvertir el 99% de sus beneficios, frente al 82% -dentro de unos meses sólo el 80%- reservado al común de los mortales.

Y no vale argumentar que tienen el mismo tratamiento que un fondo de inversión, como insisten varios bienintencionados amigos míos. En un fondo, el partícipe tiene dos decisiones en su mano: entrar y salir. En la Sicav, el dueño, además, no sólo puede elegir al gestor, sino además puede “indicarle amorosamente” en qué tipo de activos le gustaría más invertir. En definitiva, invertir a través de una Sicav es, para sus propietarios, lo mismo que operar a título particular pero utilizando una especie de preservativo fiscal de uso restringido.

En resumen y después de varios días de masaje/reflexión: No me gustan las Sicav, me parecen injustas, pero desterrarlas del País Vasco para que se vayan, pongamos que a Castro Urdiales –por poner un viaje corto- me gusta menos. Se me ocurren un par de decenas de cosas que le sobran a este país y que deberían estar antes en el orden de prioridades de “objetos a exportar”, por su condición de nocivas para la salud, la tranquilidad y la paz de los ciudadanos. Me parece que éste debería ser un tema propicio para un pacto entre los estados de la UE, aunque ya se sabe que todo lo que tiene que ver con la fiscalidad es una materia que se escapa de las competencias comunitarias y que cada uno guarda celosamente para sí.

La vida está llena de contrasentidos y situaciones que rechinan. Sin ir más lejos, conozco yo a algunos altos cargos de la Administración pública vasca que se han construido un gorro frigio con la ley anti-tabaco y fuman como carreteros en sus despachos. ¿No resulta injusto que ellos lo hagan y que en su entorno, todos los subordinados, lo tengan “terminantemente prohibido”? ¿Hay que desterrarles por ello a Castro Urdiales?

¿Mandeeeeee? Seguro que esa es la primera impresión que se ha llevado el lector al leer el título. ¿Cómo puede ser? ¿Quizá el efecto de la deflación? Frío, frío. Eso aún está por ver. ¿Quizá acaso como consecuencia de la desastrosa marcha de las empresas, que han perdido buena parte de su facturación? Frío, frío. Eso también puede pasar, pero de momento es una incógnita.

Lo que ya se puede dar como seguro –y a las malas noticias lo mejor es ir adaptándose con tiempo, porque así parece que el impacto está descontado cuando se produce de forma efectiva- es que Hacienda nos va a bajar el sueldo a partir de Enero.

A saber. El próximo sábado, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desvelará –al menos así está previsto- los detalles de su subida de impuestos. Unas semanas más tarde conoceremos qué va a pasar en Euskadi al respecto, ya que la capacidad normativa en materia de impuestos directos –el IRPF lo es-, corresponde a las diputaciones. Y también nos van a subir los impuestos. Pues bien, aunque hay muy pocas cosas claras en esta materia, al menos una de las opciones parece confirmarse, a uno y otro lado del Ebro. La deducción lineal de 400 euros, que se aplica desde enero de 2008, desaparecerá.

Vayamos a las consecuencias prácticas inmediatas. En el País Vasco, la introducción de ese “descuento” en el IRPF se acompañó de una rebaja en las retenciones mensuales que se aplican mensualmente a asalariados y pensionistas. El objetivo, con toda lógica, era adaptar esas retenciones mensuales a la declaración de Renta, que se realiza en la primavera del año siguiente. El ajuste se realizó mediante la rebaja de un punto en la mayor parte de los tramos de retención. En algunos casos, el de las rentas bajas, incluso más. Así las cosas, lo que Hacienda nos dio, Hacienda nos lo quita.

Resultado: A partir de la nómina de Enero, Hacienda nos bajará nuestro sueldo el 1%. Y las desgracias nunca vienen solas. Atentos a las próximas noticias, que la factura va a ser más abultada.

El Tribunal de Luxemburgo dará a conocer mañana una sentencia que puede resultar pedagógica para la Administración vasca. El Tribunal debe decidir si los incentivos fiscales que estuvieron vigentes en Euskadi entre los años 1993 y 1996, para animar a las empresas a realizar inversiones de importancia, se ajustaban a la normativa comunitaria de ayudas de Estado. Entre las beneficiadas hay unas 300 empresas que dejaron de ingresar a las arcas públicas una cifra cercana a los 1.800 millones de euros. Para poner las cosas en perspectiva, esa cifra es, más o menos, la caída de la recaudación fiscal que va a tener el ‘fisco’ vasco este año, en comparación con los ingresos de 2008.

Ni los habituales ‘hooligans’ de la fiscalidad foral se atreven a defender ya aquellas medidas con razonamientos técnicos. Más bien se ha asentado la idea de que las haciendas forales hicieron bien al sobrepasar por la izquierda los límites del corsé de la Unión Europea; en un momento en que la tasa de paro de Euskadi se situaba por encima del 20%; con la mitad de la industria hundida y la otra mitad tambaleándose. Esto es, que no sería legal, pero era necesario. O, como decía por aquellos años el ahora presidente de la BBK, Mario Fernández, en sus conferencias: “Hay que atender a las normas de la Comunidad Europea, pero tampoco hay que ser el primero de la clase en cumplirlas”.

De lo que sí estoy convencido es que quienes tomaron aquellas decisiones, equivocadas o acertadas, lo hicieron con la voluntad de ayudar. Tengo para mí, sin embargo, que el beneficio en la economía vasca no fue muy grande y, sin embargo, el deterioro de la imagen de Euskadi como territorio laxo en la fiscalidad fue enorme. Pero no es el momento de mirar hacia atrás sino al presente y al futuro.

Esta sentencia ofrece una gran ventaja. Por fin vamos a tener sobre la mesa una decisión en torno a la fiscalidad vasca con poca política y mucho razonamiento técnico. Ya era hora de pasar del “raca-raca fiscal”. No es la Comunidad de La Rioja o la de Castilla-León quienes atacan, en lo que puede interpretarse como una torticera actuación de gobiernos regionales “enemigos”. Quien está enfrente de las haciendas vascas y repartiendo leña a manos llenas es la Comisión Europea. Esto es, una panda de funcionarios, de países variopintos, bien pagados, que sueñan todos los días con la construcción de Europa. Ingenuos ellos. De tanto comer ‘moules’ –mejillones al vapor- con patatas fritas, se les ha nublado el sentido.

Tampoco está en cuestión la foralidad o el Concierto Económico y menos aún la capacidad de los vizcaínos, guipuzcoanos o alaveses para dotarse de sus propias normas en la materia. Eso ya lo resolvió la Corte comunitaria con la sentencia del pasado 11 de septiembre, que zanjó por fin esa polémica siempre teñida de intereses políticos identitarios. Uf, que peso nos quitaron de encima. Eso de estar todo el día viéndole tetas a las moscas, resulta insufrible.

Así las cosas, la sentencia de hoy tiene un gran valor. Puede demostrar que los “españolazos” no son los únicos enemigos de la fiscalidad vasca. A veces, incluso con buena intención, son los propios vascos, desde un sillón de diputado general o desde el despacho del diputado de Hacienda de turno, quienes meten la pata hasta la altura de la ingle.