Esta semana se ha conocido la sentencia de un juzgado de primera instancia en la que de establece que la elección del actual consejo de administración de la Caja Vital alavesa está viciado en su origen, no es por tanto válida y, como derivada, tampoco lo es la designación del presidente Gregorio Rojo. Nuestro sistema judicial permite que esta decisión pueda ser revisada por una segunda instancia y, llegado el caso, por un tercer ‘escalón’: el Tribunal Supremo.

¿Merece la pena mantener la situación de provisionalidad que se ha generado en la cúpula de la Vital hasta que el asunto llegue al Supremo, aunque eso se pueda cuantificar en años? Aparentemente, el Partido Socialista de Euskadi, formación que aupó a Rojo hasta la presidencia de la caja de ahorros, ha decidido que sí. La postura me parece tan legítima como peligrosa, porque introduce un permanente cuestionamiento en todas y cada una de las decisiones que tome el consejo. En todas y cada una de las actuaciones que lidere el presidente. En una entidad financiera, la seguridad jurídica es, o debería serlo, un pilar fundamental. La crisis actual ha demostrado, sin embargo, que el financiero no es precisamente un sector de actividad riguroso.

La cuestión, como ya es conocido, gira en torno a si Rojo había o no agotado todos los mandatos previstos por la nueva Ley de Cajas del País Vasco, que establece un límite de 12 años para la permanencia en el consejo de administración de una entidad de este tipo. El asunto, a la vista está, es pasto de abogados de prestigio que, con la misma rotundidad son capaces de defender una cosa y la contraria. Todo depende de quién pague la minuta.

Me abstengo de opinar sobre el fondo jurídico de la cuestión. De eso, tampoco tengo ni idea. Ahora bien, lo que no acabo de entender del todo, leyes al margen, es por qué una persona no puede estar más de 12 años en el consejo o en la presidencia de una caja de ahorros. Si es bueno y lo hace bien, yo sería partidario no de que esté 12, sino 24 o 36 si le da le fuelle. Y si es malo, que no pase de 12 minutos en la silla.

En los últimos meses, misteriosamente, todos los partidos políticos hablan sobre la necesidad de “despolitizar” las cajas de ahorro. En Euskadi, afortunadamente, aunque politizadas, hay que concluir que hasta donde alcanza mi memoria han estado razonablemente bien gestionadas. En unos casos de forma magnífica y en otros digamos que “aceptable”. La media es de notable. Pero no acabo de ver este alejamiento de la politización global de las cajas. Lo que sucede en la Vital alavesa es buena prueba de ello. No sólo por el conflicto entre los partidos PP y PSE que ha conducido al proceso judicial y a la sentencia. También por lo que está en juego.

Primera cuestión. ¿Por qué el presidente de un banco no tiene limitaciones en el periodo de duración de su mandato, salvo que rebase determinada edad y sí lo tiene que tener el de una caja de ahorros?

Segunda cuestión. ¿Permitiría el Banco de España que el presidente de un banco, afectado por una sentencia de este tipo que cuestionase su nombramiento como tal, siguiese al frente de la entidad? Tengo mis dudas.