La salida de José Ignacio Goirigolzarri del BBVA, su dimisión como consejero delegado y las condiciones económicas que le acompañarán en el nuevo periplo vital que inicia a los 55 años –una pensión anual vitalicia de 3 millones de euros-, han sonado como un gran sopapo en la cara de buena parte de los ciudadanos de este país. No es para menos.

Antes de nada, debo aclarar que me resulta incluso triste que Goirigolzarri vaya a convertirse en el muñeco de feria contra el que van a chocar todas las bolas de esta peripecia. Otros muchos antes que él, en el BBVA y en otras entidades -¿nos hemos olvidado de la salida de Amusátegui y Corcóstegui del Santander?- han abandonado las entidades financieras en condiciones económicas similares. Incluso, no hay que olvidar que muchos de los beneficiados por tan abultadas pensiones vitalicias ocupan hoy la presidencia de otros bancos, cajas de ahorros o trabajan como asesores de inversión. Señal inequívoca de que no estaban en condiciones de retirarse de la actividad laboral sino, más bien al contrario, de seguir “creando valor para los accionistas”. Tengo a Goirigolzarri por magnífico gestor, persona prudente pero, le ha tocado la china. No estaba en el sitio adecuado en el momento preciso.

Queda descartado que todo es legal, que no es el primer caso, que es una empresa privada, que la remuneración debe estar ligada a la valía y a los resultados, pero todo dentro de un límite. Por ejemplo, el día en que se anunció el cese-salida de Goirigolzarri, las acciones del BBVA valían un 20% menos que aquel día de diciembre de 2001 en que tomó posesión. Vamos, que no es esta la mejor época para sacar pecho de los logros conseguidos.

Pero hay un elemento que me parece también significativo en este asunto. ¿Cuántas veces ha hablado el Círculo de Empresarios –al que por cierto pertenece el consejero delegado y otros altos cargos del BBVA, incluido su presidente- sobre la necesidad de flexibilizar el mercado laboral? ¿Cuántas ha asegurado esta institución, Confebask o CEOE, que la rigidez del despido y su alto coste suponen una rémora para la economía española y un freno a su recuperación? He echado en falta estos días su reflexión sobre este caso. Puedo hasta coincidir con sus argumentos, lo que no comparto es su extraña pedagogía. Cuando tienen la oportunidad de dar ejemplo a los demás, lo que transmiten es que el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, el que regula las condiciones de indemnización del despido improcedente, se les queda pequeño. Rígido diría yo, en tono sarcástico.

Contaba el martes en un programa de televisión el ex ministro de Trabajo del PP, Manuel Pimentel, el rechazo que le producía una situación como ésta. “No saben ustedes lo que hay que pasar –decía Pimentel en referencia a los ‘goirigolzarris’ de España- cuando eres ministro de Trabajo y tienes en frente a una persona de éstas, insistiéndote en que te estás cargando el mercado de trabajo porque no abaratas el despido”. Pues tiene razón. Es para echarles del despacho.