En esta materia poco hay que discutir con la Administración vasca. La capacidad normativa de los impuestos indirectos –IVA, hidrocarburos, tabaco, alcoholes, etc.- corresponde en exclusiva a la Administración central y las haciendas forales se limitan a recaudar. En este caso, a experimentar las consecuencias.
Mucho me temo que la experiencia va a ser negativa y que no se va a cumplir el objetivo formulado por el Gobierno, que es el incremento de los ingresos públicos. Son muchos los expertos que advierten que esta medida puede tener el efecto contrario. En una coyuntura recesiva, sin un horizonte de salida de la crisis claro, con las cifras de paro en alza –y lo estarán probablemente durante todo el 2010-, un incremento de precios por decreto no hará sino retraer más el consumo privado. Y habrá que hacer bien las cuentas, porque la Administración –ayuntamientos incluidos- no pueden deducir el IVA de las compras que realizan y de las facturas que pagan. Por ello, todos los servicios que contratan o suministros que adquieren les saldrán a partir de enero más caros.
Otra cosa es subir el IVA cuando la economía coja velocidad de subida y el panorama de futuro pinte mejor. En ese punto, una subida de precios moderada puede ser perfectamente compensada por la mejora de la confianza de los consumidores.
Si nadie lo remedia, a partir de enero todo nos va a resultar un poco más caro. Y eso que subir la fiscalidad indirecta es propio de neoliberales ¿Nos va a tocar algo más el Gobierno?