El Tribunal de Luxemburgo dará a conocer mañana una sentencia que puede resultar pedagógica para la Administración vasca. El Tribunal debe decidir si los incentivos fiscales que estuvieron vigentes en Euskadi entre los años 1993 y 1996, para animar a las empresas a realizar inversiones de importancia, se ajustaban a la normativa comunitaria de ayudas de Estado. Entre las beneficiadas hay unas 300 empresas que dejaron de ingresar a las arcas públicas una cifra cercana a los 1.800 millones de euros. Para poner las cosas en perspectiva, esa cifra es, más o menos, la caída de la recaudación fiscal que va a tener el ‘fisco’ vasco este año, en comparación con los ingresos de 2008.

Ni los habituales ‘hooligans’ de la fiscalidad foral se atreven a defender ya aquellas medidas con razonamientos técnicos. Más bien se ha asentado la idea de que las haciendas forales hicieron bien al sobrepasar por la izquierda los límites del corsé de la Unión Europea; en un momento en que la tasa de paro de Euskadi se situaba por encima del 20%; con la mitad de la industria hundida y la otra mitad tambaleándose. Esto es, que no sería legal, pero era necesario. O, como decía por aquellos años el ahora presidente de la BBK, Mario Fernández, en sus conferencias: “Hay que atender a las normas de la Comunidad Europea, pero tampoco hay que ser el primero de la clase en cumplirlas”.

De lo que sí estoy convencido es que quienes tomaron aquellas decisiones, equivocadas o acertadas, lo hicieron con la voluntad de ayudar. Tengo para mí, sin embargo, que el beneficio en la economía vasca no fue muy grande y, sin embargo, el deterioro de la imagen de Euskadi como territorio laxo en la fiscalidad fue enorme. Pero no es el momento de mirar hacia atrás sino al presente y al futuro.

Esta sentencia ofrece una gran ventaja. Por fin vamos a tener sobre la mesa una decisión en torno a la fiscalidad vasca con poca política y mucho razonamiento técnico. Ya era hora de pasar del “raca-raca fiscal”. No es la Comunidad de La Rioja o la de Castilla-León quienes atacan, en lo que puede interpretarse como una torticera actuación de gobiernos regionales “enemigos”. Quien está enfrente de las haciendas vascas y repartiendo leña a manos llenas es la Comisión Europea. Esto es, una panda de funcionarios, de países variopintos, bien pagados, que sueñan todos los días con la construcción de Europa. Ingenuos ellos. De tanto comer ‘moules’ –mejillones al vapor- con patatas fritas, se les ha nublado el sentido.

Tampoco está en cuestión la foralidad o el Concierto Económico y menos aún la capacidad de los vizcaínos, guipuzcoanos o alaveses para dotarse de sus propias normas en la materia. Eso ya lo resolvió la Corte comunitaria con la sentencia del pasado 11 de septiembre, que zanjó por fin esa polémica siempre teñida de intereses políticos identitarios. Uf, que peso nos quitaron de encima. Eso de estar todo el día viéndole tetas a las moscas, resulta insufrible.

Así las cosas, la sentencia de hoy tiene un gran valor. Puede demostrar que los “españolazos” no son los únicos enemigos de la fiscalidad vasca. A veces, incluso con buena intención, son los propios vascos, desde un sillón de diputado general o desde el despacho del diputado de Hacienda de turno, quienes meten la pata hasta la altura de la ingle.