No acabo de entender la aparente euforia que genera en una amplia mayoría de la sociedad la posibilidad de cancelar una hipoteca con la devolución del activo inmobiliario cuya adquisición fue objeto del préstamo. Tengo para mí que, en este caso, el remedio puede ser bastante peor que la enfermedad. A veces y este es para mí un caso claro, una solución aparentemente populista es un auténtico abrazo de oso que puede asfixiarte.

Dudo que un cambio legislativo pueda modificar los compromisos que existen entre las entidades financieras y quienes han recibido en el pasado un crédito hipotecario. Me temo que en este caso esa modificación a posteriori es más seria que la que el Gobierno español ha aplicado, por ejemplo, a la producción de energía eléctrica en campos solares, que ha dejado prácticamente colgados de la brocha a muchos inversores y a no pocas entidades financieras. Las consecuencias de un cambio semejante pueden ser brutales, para unas entidades financieras que no están precisamente en su mejor momento. Y, a la vista está, cuando el sector financiero tiene gripe, el resto de la sociedad anda con pulmonía.

Pero, supongamos que la modificación normativa se aplica de cara al futuro y que a partir de determinada fecha todos los préstamos hipotecarios tienen, como única garantía, el bien objeto del préstamo. ¿Qué sucedería?

Como nadie puede obligar a un banco a dar créditos en condiciones que considere inapropiadas, es lógico pensar que las entidades financieras exigirían a sus clientes garantías adicionales. Esto es, un aval personal. Estaríamos, por tanto, en una posición idéntica a la del punto de partida y de nada serviría la modificación legal.

Vayamos más lejos y supongamos que una ley –ignoro si es posible hacer una cosa semejante- prohíbe literalmente a las entidades financieras establecer garantías adicionales en un crédito hipotecario. ¿Qué sucedería entonces? Pues lo lógico es pensar que se modificaría el esquema del cálculo de riesgos y con ello las condiciones de concesión de los créditos. Bancos y cajas extremarían las cautelas. Así, si en el pasado financiaban hasta el 100% del valor de un piso e incluso más –en una auténtica borrachera crediticia, cuyas consecuencias apenas hemos comenzado a pagar- y ahora no pasan del 80% salvo para clientes ‘premium’, no dudarían en rebajar hasta el 70% o incluso más el porcentaje a financiar. Con ello reducirían el riesgo que asumen ante una bajada de los precios inmobiliarios, como el que se vive en estos momentos, y la previsible demora que pueden sufrir hasta que conviertan en dinero líquido los ladrillos.

¿Quién puede ahorrar el 30% del valor de un piso? Los más jóvenes, seguro que no.