Al episodio que han protagonizado los controladores aéreos este fin de semana algunos lo ha denominado “huelga”. No lo es. La huelga, en nuestro país, es un derecho recogido en la Constitución, pero tiene sus normas. No basta con que exista una razón justificada, sino que además debe cumplir determinados requisitos para ser ejecutada. En especial, el preaviso. Y en este caso, al menos, el preaviso ni estaba ni se le espera. Hay que concluir, por tanto, que no estamos ante un paro laboral sino ante un vulgar sabotaje.

La Constitución reconoce además la existencia de los “servicios esenciales” -el control aéro lo es, sin duda-, que deben ser cubiertos con “servicios mínimos”. Un vacío legal en España -el legislador nunca ha querido meterse en este jardín para no enfadar a los sindicatos- ha impedido que se regule la definición de los servicios esenciales y también el porcentaje de servicios mínimos necesarios en cada caso. Pero esta es otra discusión y no debe interferir en la cuestión del momento.

Los controladores han querido dar una patada al Gobierno pero, como el defensa que llega tarde al balón, lo han hecho de forma equivocada. Le han golpeado en la ‘espinilla’ a centenares de miles de ciudadanos inocentes e ilusionados con unos días de descanso y les han partido la tibia y la ilusión.

Nunca creo que las cosas son blancas o negras, sino que es necesario analizar la tonalidad de grises. Por ello y sin conocer con detalle el asunto, me atrevo a aventurar que los controladores tienen razones más que sobradas para estar enfadados; también que han visto mermadas sus conquistas laborales en los últimos meses -¿y quién no?-; que quizá el empresario, en este caso el Estado, ha tratado de estirar la cuerda más de lo necesario y recomendable y que son merecedores de comprensión. Es probable, pero me temo que no van a poder contar con la ayuda de los ciudadanos. De unos, porque les han dejado tirado en los aeropuertos. Del resto, porque les han metido el miedo en el cuerpo sobre lo que puede llegar a suceder cuando planifiquen un viaje.

Los controladores se han equivocado de estrategia y de momento. De estrategia porque, si tienen razones, deberían emplear tiempo y esfuerzo en explicárselas a los ciudadanos. Claro que es difícil encontrar el respaldo de un auditorio cuando uno va a quejarse y gana más de 200.000 euros anuales de salario bruto. Pero, pese a ello, sus responsables sindicales deberían esforzarse por explicarnos a todos -con naranjas, para que les entendamos- a qué se refieren con sus reclamaciones laborales. Si se sienten incapaces, que contraten a Leopoldo Abadía para que se lo ponga negro sobre blanco. Más difícil de entender era lo de los ‘créditos subprime’ y lo ha conseguido. Tampoco deberían perder demasiado tiempo en protestar por la reacción del Gobierno, ya que el Ejecutivo no ha hecho sino conseguir aquello que le reclamaba la población: restaurar el servicio de forma inmediata. Y, si se tienen en cuenta las reclamaciones que se escuchaban en los aeropuertos -que iban desde la petición del despido para los controladores, hasta el fusilamiento colectivo- hay que convenir que la militarización temporal del servicio ha sido una medida ‘blanda’. Para un día que Zapatero se anima a gobernar, no es cosa de ponerle peros.

La ley de Murphy -si algo malo puede pasar, pasará- ronda ya la cabeza de los controladores. Intuyo que el Gobierno va a aprovechar su inmenso error para ‘enderezar’ de forma definitiva sus condiciones laborales. Incluso, si alguno de ellos se ve abocado a sentarse ante un tribunal de justicia para responder de alguna acusación o incluso defenderse de un hipotético despido, no podrá estar tranquilo. ¿Y si el juez que le juzga fue uno de esos cientos de miles de ciudadanos a quien maltrataron en el inicio del puente?……….