Hace algunos días, alguien me preguntó cuál era mi opinión sobre el espinoso asunto de los bonos del ferry de Portsmouth, de la empresa P&O, desaparecidos en circunstancias misteriosas en los pasillos de la Diputación de Vizcaya y cuyo valor estimado es de 9,7 millones. Seguro que estoy equivocado. No se lo tomen ni siquiera a título de hipótesis, tan sólo de elucubración de salón, pero….ahí va.

Supongamos en que desde 1992, la Diputación deseaba subvencionar a la empresa P&O para que desarrolle el ferry entre el Puerto de Bilbao y el sur de Inglaterra, con el objetivo de recuperar la ruta de aquel venerable “Patricia” abandonó a mediados de los 70. Alguien debió advertir que la subvención directa no era posible y que se imponía utilizar fórmulas creativas para abordar la cuestión. Otras comunidades, por ejemplo, colocaban ya entonces publicidad ‘turístico-institucional’ en los respaldos de los asientos de algunos aviones cuyas compñaías acaban de abrir nuevas rutas de transporte. En este caso, la fórmula más acertada fue la adquisición de varios miles de bonos de viaje en el ferry, canjeables por billetes, por un importe superior a los 12 millones de euros, que se utilizarían en el programa Adineko de viajes de la tercera edad. Algo como los inviernos en Benidorm del Inserso, pero en formato foral vizcaíno.

No es una suposición, es una realidad, que la Comisión Europea (quizá porque algún competidor lo denunció) dictaminó que aquello sonaba a truco, que encubría una ayuda de Estado para la que no se había solicitado autorización previa y que, por lo tanto, había que considerarla ilegal. Como en tantos otros casos, la UE exigió al infractor, en este caso a la Diputación de Vizcaya, que recuperase el dinero entregado a la compañía naviera. En ese momento se habían consumido bonos de viaje por un importe ligeramente superior a los 3 millones de euros quedaban pendientes unos 35.700, por un valor de 9,7 millones de euros.

Supongamos que, como en otras muchas ocasiones, la Diputación se vio en la tesitura de ejecutar la pie de la letra las exigencias de la UE y quedar francamente mal con P&O e incluso con el colectivo empresarial –una Administración que después de haberte prometido una ayuda te deja tirado cuando surgen dificultades ‘comunitarias’, pierde muchos enteros en el índice de confianza empresarial- o optar por una nueva solución creativa: los bonos desaparecen por arte de magia y ¡zas! ya no hay posibilidad material de acreditar la propiedad de los mismos y, con ello, de exigir el reintegro del dinero. Recuerdo que a los pocos meses de la entrada de España en las Comunidades Europeas –la UE era aún un sueño- el entonces abogado y hoy presidente de la BBK, Mario Fernández, esbozó en una conferencia en Bilbao una norma de comportamiento genérica: “Las normas de la Comunidad –dijo entonces Mario Fernández- están para ser cumplidas. Pero nadie nos ha pedido que seamos los primeros de la clase en hacerlo”.

La Diputación foral de Vizcaya ha decidido exigir por vía judicial a P&O la devolución del dinero de los bonos no utilizados, aunque no sea capaz de encontrarlos. Curiosamente, la demanda coincide con dos hechos nada desdeñables. El primero, que el Tribunal de Cuentas del Reino ha decidido investigar el asunto por si existiera en esta cuestión alguna materia sancionable. La segunda, que P&O ha decidido descolgarse y cancelar la línea Bilbao-Portsmouth. Ya no hay razones para quedar bien y defender a la empresa.

Pero, seguro que todo esto son suposiciones mías y la realidad es mucho más sencilla.