Los 150 años de cárcel impuestos a Bernard Madoff hay que tomarlos como un mensaje, más bien como 150 mensajes, ya que no servirán para resarcir a los inversores por la estafa a la que han sido sometidos. Esta última parte va a depender de los bienes del personaje que la Justicia norteamericana pueda reunir y que, como todo el mundo supone, no van a llegar ni para pagar la factura del teléfono que el operador financiero dejó a deber cuando fue detenido.

Así las cosas, con la estafa esclarecida, el malhechor entre rejas hasta el infinito, esos 150 millones de años de condena deberían recaer, al menos moralmente, sobre los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La CNMV se ha distinguido en los últimos años por ejercer un estrecho control sobre la información que emiten las empresas. Las compañías que cotizan en Bolsa no pueden toser sin advertirle antes a la CNMV de que van a hacerlo. Y no está mal.

Peor estaban los intentos, afortunadamente fracasados, de establecer una censura previa sobre todas las informaciones periodísticas que fueran a publicarse sobre empresas cotizadas en Bolsa. Habida cuenta de que fue Manuel Fraga Iribarne quien se cargó la censura previa con su Ley de Prensa e Imprenta de 1966, semejantes inclinaciones parecen “old fashion”. (Me insiste mi Pepito Grillo particular, el incombustible Enrique Portocarrero, en que ponga el término en sui versión correcta. Y yo, bien mandado, por esta vez y sin que sirva de precedente, sigo sus instrucciones). ‘Old fashioned’.

En fin, terminado el juicio y conocida la sentencia, sólo cabe preguntarse, ¿dónde estaba la CNMV cuando los intermediarios financieros colocaban los papelines de Madoff entre inversores que no eran precisamente iniciados en la materia? ¿Dónde estaba su ‘hermana americana’ – la Securities Exchange Commission ‘SEC’- en aquellos momentos? ¿Qué han hecho ambas instituciones para que un fenómeno como éste no vuelva a suceder? Hasta donde alcanza mi conocimiento…. Más bien nada.