¿Puede una empresa pública o con participación accionarial de la Administración, realizar operaciones especulativas como si de un inversor estrictamente privado se tratase? Esta es, probablemente, la pregunta que ha quedado ‘colgada’ después de conocerse lo que había sucedido en Zabalgarbi, la sociedad que explota la planta incineradora de Vizcaya. Como ya es conocido, en este caso –una empresa que cuenta con un 35% de las acciones en manos de instituciones públicas-, el equipo directivo colocó en fondos de inversión de alto riesgo, lo que inicialmente estaba previsto que fuese un mero depósito bancario. La nada despreciable cifra de 10,8 euros. La estafa del financiero Bernard Madoff ha permitido que se conociesen ese tipo de prácticas.

“De entrada, no”. Es la respuesta lógica que hay que dar a esa pregunta, aunque lo cierto es que la cuestión es lo suficientemente compleja como para que la Administración vasca se tome el asunto con cariño, reflexione sobre la materia y elabore algún tipo de normativa al respecto. Ya existe una, por ejemplo, para regular los salarios de los altos cargos de las empresas públicas, aunque creo que poco acertada. Pero ese tema es para otro día.

“De entrada, no”. Seguro que esa es, más o menos, la respuesta que daría a esa pregunta la mayoría de los ciudadanos si fuesen sondeados sobre la cuestión. Es más, creo que sería también la que darían los responsables públicos, independientemente del partido que les ha llevado al poder. La prudencia en el manejo de los fondos públicos es un principio generalmente aceptado. Por ello, no estaría de más que se establezcan los márgenes de actuación que tienen los responsables de las empresas públicas cuando se plantean la necesidad de “optimizar” los recursos que han dejado en sus manos.

Pero no sería suficiente una respuesta simple, un “no” tajante, porque también es cierto que la Administración puede encontrarse como accionista en sociedades en las que su presencia es casi testimonial y su poder en los consejos muy limitado. ¿Pueden impedir los poderes público una hipotética especulación financiera en sociedades en las que participan y se mueven en marcados competitivos? Es el caso, por ejemplo, de Petronor, la Acería Compacta de Bizkaia, Bahía de Bizkaia o Euskaltel, por poner algunos ejemplos cercanos. Dejo la pregunta sin contestar……intencionadamente.