Según la Encuesta de Población Activa, España superó los tres millones de funcionarios a finales de 2008, lo que significa que hay 1,4 funcionarios por cada diez trabajadores. El monto total de sus nóminas asciende a 108.000 millones de euros, una cifra más preclara si se añade que supone el 10% del PIB y todavía más si se subraya que de cada diez euros que se generan en España, uno sirve para pagar a empleados públicos. ¿Es dinero bien empleado? Los partidarios de la iniciativa privada seguramente defenderán que no (en un próximo post hablaré sobre este interesante tema) y podrán argumentar además que la productividad de los funcionarios patrios es, a lo que parece, una de las más bajas de Europa.

¿Y cuánto gana un funcionario? Dejando al margen los altos cargos (presidente del Gobierno, del Supremo, ministros…), el jornal del funcionario se establece de la suma de varios conceptos: el sueldo mensual según su categoría (van de la A1, que cobra 1.157 euros, caso de un catedrático, hasta C2, con 546, caso de un soldado); los trienios; el complemento de destino (existen 30 niveles -l 30 se lleva 1.016, mientras el 1, 96-, que se adquieren por el desempeño de esa tarea durante dos años seguidos o tres interrumpidos), más un complemento específico que premia la especial dificultad, responsabilidad o peligrosidad de un cargo (un rector de universidad se lleva 1.495 euros mensuales por este motivo), y dos módulos de equiparación del poder adquisitivo y de calidad de vida.

Pero al margen del sueldo, quizás sean otras condiciones laborales las que más envidias despiertan entre los no-funcionarios. Uno es el puesto fijo. En el siglo XIX, a cada cambio de gobierno le correspondía una limpia de empleados públicos que hizo surgir la figura del “cesante”, la del funcionario que se quedaba sin trabajo a cada cambio de gobierno, la del funcionario retratado por Galdós en ‘Miau’. Ahora, para que un funcionario pierda su puesto tiene que “cumplir” alguno de estos requisitos: una sanción disciplinaria lo suficientemente grave (algunos casos son el abandono del servicio, discriminación, uso de información de forma indebida, no respeto a la Constitución…); una pena de inhabilitación para cargo público, y las tres más curiosas: renunciar al cargo, perder la nacionalidad o la jubilación. En definitiva, un funcionario sólo pierde el puesto porque quiere o porque la “lía pero que bien liada”.

En cuanto a las bajas temporales, los funcionarios perciben su sueldo completo durante los tres primeros meses y, desde el cuarto, las retribuciones básicas, la prestación por hijo a cargo, en su caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que rondará el 75-80% del anterior. Además, disponen de seis días por asuntos particulares (2 días adicionales al cumplir el 6º trienio, incrementándose en 1 día adicional por cada trienio cumplido a partir del 8º) y los habituales por nacimientos, defunciones o mudanzas.

Visto este resumen, ¿qué incentivo tiene un funcionario para dar el 100% en su trabajo? Es realmente difícil que pierdan el puesto, tienen un (en general) buen sueldo garantizado, la baja supone cobrar prácticamente lo mismo que cuando están trabajando… ¿Es entonces el crecimiento del sector público la mejor solución para salir de la crisis? Es difícil discutir que los fines del estado de bienestar son “buenos” y deseables, pero ¿qué cabe decir de los medios, es decir, de la naturaleza de la gestión pública? ¿Es posible un equilibrio entre la seguridad necesaria para todo trabajador y la no menor necesidad de buscar el mejor rendimiento? Más, en el próximo post

Licenciados en Derecho y Economía que rondan los 50 años en el caso de los hombres y en torno a los 45 en el de las mujeres, y con un sueldo entre los 3.000 y los 5.000 euros. Éste es el perfil tipo del diputado vasco y nacional. Si nos fijamos en su formación, abogados y economistas copan ambas cámaras con 25 de los 75 escaños, el 33,3%, en el caso vasco y disparan su presencia hasta los 201 asientos, el 54,4%del total, en el Congreso de los Diputados. Más concretamente, 18 de los legisladores de Vitoria han estudiado Derecho (24%) y otros 7 tienen estudios relacionados con la economía (9,3%). En Madrid, estos números se quedan cortos: 140 de los 366 escaños están ocupados por profesionales de la ley (38,2%) y 61 por economistas (16,6%).

Razones
¿Qué explicación tiene este fenómeno? Un primer factor es la primacía de la ley en el Estado de derecho. En la estructura política actual, es la ley la que se impone al voluntarismo y al abuso de poder, y no al revés. Ello explicaría el predominio de aquellos que conocen bien esta materia. También la buena oratoria estaría detrás de esta preeminencia. Es obvio que el buen manejo del lenguaje para convencer a los demás es una aptitud muy valorada entre los políticos. No en vano, el precedente de los abogados se encuentra en la figura de los ‘logógrafos’ de la Grecia clásica, profesionales de la retórica que se encargaban de redactar los discursos de defensa a aquellos que pudieran costearse sus servicios.
En cuanto a la presencia de los economistas, esta disciplina es clave en todos los aspectos, y más desde que se impusiera el estado del bienestar tras la II Guerra Mundial. La buena marcha económica es uno de los factores fundamentales de legitimación del estado.

En lo que al género se refiere, la igualdad es un hecho en el Parlamento vasco: 37 mujeres y 38 varones. Muy otra es la situación en el Congreso, donde los 226 hombres superan claramente a las 122 féminas. El Partido Socialista tiene 68 féminas entre sus 167 representantes (40,7%), cifra similar a la de CIU (4 de sus 10 escaños), pero superior al 29,8% de los populares (46 de 154). El Grupo Mixto es el que mayor representación presenta (66%), pero es poco significativo al contar sólo con seis escaños. Peor ejemplo dan el PNV y Esquerra Republicana-IV-ICV, que no tienen representación alguna de este sexo. En lo que a las edades se refiere, las edades en ambas instituciones son muy parejas, destacando que la media masculina es en ambos casos mayor que la femenina. Los 50, 7 y 50,2 de los primeros y los 44,9 y 47,8 de las segundas así lo atestiguan.

5.000 euros
Las condiciones laborales y monetarias de que disfrutan llaman poderosamente la atención. En ningún caso hay discriminación por sexo, pero no es lo mismo trabajar en Vitoria o en Madrid. Casi 2.000 euros separan la nómina de unos y otros: 5.041 para los vascos y 3.126 para los capitalinos. Eso sí, los pluses equilibran un tanto la situación. Mientras los electos vitorianos reciben por desplazamiento 370, 543 y 596 euros al mes según provengan de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, las ‘ayudas’ en Madrid son mucho más cuantiosas: en concepto de alojamiento y manutención, reciben 870 euros si proceden de la capital y 1.823 si lo hacen de ‘provincias’; por transporte y en caso de no disponer de automóvil propio, disfrutan de una ‘tarjeta taxi’ con un límite mensual de 250 euros, y en dietas de desplazamiento oficial, disponen de 120 euros al día si tiene lugar en territorio nacional y de 150 si se da en el extranjero. Su sueldo, por cierto, lo fijan ellos mismos de acuerdo al artículo 71.4 de la Constitución, y tienen además derecho a una pensión por cese en caso de que no sigan en la Cámara con el cambio de legislatura. Por último, y para no perder comba con las últimas tecnologías, se les proporciona ordenadores portátiles y teléfonos móviles.

Espero que con toda esta retahíla de datos quede más claro quiénes son nuestro políticos. Ecce homine.