Según la Encuesta de Población Activa, España superó los tres millones de funcionarios a finales de 2008, lo que significa que hay 1,4 funcionarios por cada diez trabajadores. El monto total de sus nóminas asciende a 108.000 millones de euros, una cifra más preclara si se añade que supone el 10% del PIB y todavía más si se subraya que de cada diez euros que se generan en España, uno sirve para pagar a empleados públicos. ¿Es dinero bien empleado? Los partidarios de la iniciativa privada seguramente defenderán que no (en un próximo post hablaré sobre este interesante tema) y podrán argumentar además que la productividad de los funcionarios patrios es, a lo que parece, una de las más bajas de Europa.

¿Y cuánto gana un funcionario? Dejando al margen los altos cargos (presidente del Gobierno, del Supremo, ministros…), el jornal del funcionario se establece de la suma de varios conceptos: el sueldo mensual según su categoría (van de la A1, que cobra 1.157 euros, caso de un catedrático, hasta C2, con 546, caso de un soldado); los trienios; el complemento de destino (existen 30 niveles -l 30 se lleva 1.016, mientras el 1, 96-, que se adquieren por el desempeño de esa tarea durante dos años seguidos o tres interrumpidos), más un complemento específico que premia la especial dificultad, responsabilidad o peligrosidad de un cargo (un rector de universidad se lleva 1.495 euros mensuales por este motivo), y dos módulos de equiparación del poder adquisitivo y de calidad de vida.

Pero al margen del sueldo, quizás sean otras condiciones laborales las que más envidias despiertan entre los no-funcionarios. Uno es el puesto fijo. En el siglo XIX, a cada cambio de gobierno le correspondía una limpia de empleados públicos que hizo surgir la figura del “cesante”, la del funcionario que se quedaba sin trabajo a cada cambio de gobierno, la del funcionario retratado por Galdós en ‘Miau’. Ahora, para que un funcionario pierda su puesto tiene que “cumplir” alguno de estos requisitos: una sanción disciplinaria lo suficientemente grave (algunos casos son el abandono del servicio, discriminación, uso de información de forma indebida, no respeto a la Constitución…); una pena de inhabilitación para cargo público, y las tres más curiosas: renunciar al cargo, perder la nacionalidad o la jubilación. En definitiva, un funcionario sólo pierde el puesto porque quiere o porque la “lía pero que bien liada”.

En cuanto a las bajas temporales, los funcionarios perciben su sueldo completo durante los tres primeros meses y, desde el cuarto, las retribuciones básicas, la prestación por hijo a cargo, en su caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que rondará el 75-80% del anterior. Además, disponen de seis días por asuntos particulares (2 días adicionales al cumplir el 6º trienio, incrementándose en 1 día adicional por cada trienio cumplido a partir del 8º) y los habituales por nacimientos, defunciones o mudanzas.

Visto este resumen, ¿qué incentivo tiene un funcionario para dar el 100% en su trabajo? Es realmente difícil que pierdan el puesto, tienen un (en general) buen sueldo garantizado, la baja supone cobrar prácticamente lo mismo que cuando están trabajando… ¿Es entonces el crecimiento del sector público la mejor solución para salir de la crisis? Es difícil discutir que los fines del estado de bienestar son “buenos” y deseables, pero ¿qué cabe decir de los medios, es decir, de la naturaleza de la gestión pública? ¿Es posible un equilibrio entre la seguridad necesaria para todo trabajador y la no menor necesidad de buscar el mejor rendimiento? Más, en el próximo post

Sin embargo, me parece mucho más grave el “olvidado” fenómeno del mileurismo. Según datos de agosto de 2009, seis de cada diez trabajadores españoles cobran menos de 13.400 euros brutos al año. Si a este espeluznante dato se le une el más reciente de que el jubilado medio español cobra mensualmente 875 euros, tenemos un resultado claro: más de la mitad de trabajadores españoles cobran más o menos lo mismo que un jubilado. Sigamos ahondando en la herida.

Según el estudio ‘Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2008′, la educación española está más polarizada que en el resto de países desarrollados: mientras el 28% de la población adulta (entre 25 y 64 años) ha completado estudios superiores, otro 50% sólo ha completado la educación obligatoria.

Se supone que una educación superior debería dar acceso a mejores salarios, simplemente porque a más años de estudios, mayor nivel de cualificación alcanza el interesado. El problema viene cuando la economía del país no genera suficientes puestos de trabajo “encajado” (el adecuado a la cualificación del empleado) y -resumiendo- los universitarios tienen que competir con aquellos que tienen menor cualificación. ¿Qué incentivo existe entonces para dedicar años suplementarios a la preparación más allá de la educación obligatoria?

La situación es, creo, más grave de lo que parece. Si lo que se pretende es cambiar el “modelo productivo” (un término de moda desde que la crisis es crisis, aunque no se acaba de aclarar qué demonios se quiere decir con ello) por medio de un incremento de la productividad del trabajador y de inversiones en sectores más fructíferos (energías renovables, nuevas tecnologías, ciencia…), imagino que pasará por una mejor formación de los mismos. Y formarse requiere años de estudio. He aquí el problema: ¿para qué seguir estudiando si voy a cobrar lo mismo que un jubilado? A pensar toca.