Max Weber distinguió en ‘El político y el científico’ dos tipos de ética, la de la convicción y la de la responsabilidad. El mejor ejemplo de la primera lo encarna Jesús, que en el sermón de la montaña abogó por poner la otra mejilla ante las agresiones de sus enemigos. Convencido de la bondad de su ideario, de sus convicciones, optó por defender la paz con la paz, apostando por la no agresión frente a la agresión fueran cuales fueran las consecuencias. Por el contrario, la ética de las responsabilidades tiene en cuenta las consecuencias que se derivan de las acciones. Uno tiene sus convicciones, sí, pero puede suceder que por mantener su ideario hasta el último término éstas sean menoscabadas. Esto es precisamente lo que no puede permitirse un político. ¿Qué sucedió en los prolegómenos de la II Guerra Mundial, cuando se cedió ante Hitler y sus pretensiones sobre los sudetes y Austria? El eternamente criticado primer ministro inglés, Neville Chamberlein, trató de defender la paz con el apaciguamiento, pero fracasó estrepitosamente. Su intención, qué duda cabe, era bienintencionada, pero los resultados fueron nefastos. Convicción frente a responsabilidad

Y es que si se acepta la definición weberiana de que la política es “la lucha por el poder” y tiene como característica fundamental “el monopolio de la violencia”, es evidente que quien entre en política no encontrará en ella “la salvación de su alma”. La política consiste en tomar decisiones pensando en las consecuencias de las mismas. Por eso no necesariamente es contradictorio defender la paz yendo a la guerra.

La solución ortodoxa para salir de la crisis en la que nos encontramos ha sido la siguiente: si como consecuencia del crecimiento del paro los consumidores no gastan, que sea el Estado quien lo haga. El sector público, siempre sospechoso para el homo economicus, se convierte en salvador del sector privado. Bien. Es la receta keynesiana. Sin embargo, parece que por ser público, no cueste nada. 2.500 euros del cheque-bebé, más 400 para los contribuyentes, más otros 420 para los parados que han agotado los subsidios y otros 8.000 millones para el Plan E . ¿Resultado? Que la crisis sigue en pleno auge y el Estado se ha endeudado de forma inútil.

Parece que sólo ahora que se plantea la subida de impuestos (bien sobre las rentas superiores a 50.000 euros anuales , bien sobre los beneficios no ligados al trabajo -inversiones bursátiles…-) nos damos cuenta de que todo ese dinero invertido -a la vista de los hechos, más bien malgastado- no sale de la nada. El Estado se alimenta de los impuestos, directos e indirectos. Como su primera apuesta, la de reactivar los indirectos a través del consumo, no ha salido bien, el Gobierno apuesta ahora por la de los impuestos directos.

La impresión que han dado todas estas medidas es que no respondían a un plan concreto. Cuando Solbes abandonó el Ejecutivo, la sospecha de que estaba harto de todas estas improvisaciones fue adecuadamente destacada en los medios. Y es que una cosa es que se predique el gasto público para salir de la crisis (lo que ya de por sí es discutible), y otra es que se malgaste el dinero público. Sólo ahora, cuando “amenaza” la subida de impuestos, la “mayoría satisfecha” parece darse cuenta de que público no significa gratuito.

Otro ámbito donde se da esta misma confusión entre lo público y lo gratuito es el sanitario. Y es que parece que identificamos sanidad pública con sanidad gratuita. Cuando vayan a la farmacia, observen el precio de los medicamentos y el precio que pagan realmente. ¿Adivinan quién abona la diferencia? Sí, el Estado, es decir, los impuestos, es decir, todos y cada uno de nosotros aunque sea en un porcentaje ínfimo. Como consecuencia del abuso que hacemos de la sanidad pública, tendremos que empezar a valorar realmente lo que nos cuesta. Cuando tengamos que pagar por ello, sabremos realmente que lo público no es gratuito.

En conclusión, los bienes públicos, sean los impuestos, sea la sanidad, se han de emplear con el mayor cuidado posible. Y esto se debe exigir al Gobierno, claro, pero también a los ciudadanos. Existe, creo, una “mentalidad funcionarial” que ve lo público como algo de lo que ha de ser aprovechado en contraposición a la gestión que se hace en el sector privado. Cuando a uno no le afecta directamente, el fraude no es fraude. Falso. Lo de todos, precisamente por ser de todos, ha de ser especialmente “mimado”. Si no, al final viene la subida de impuestos y, con el tiempo, la sanidad privada.

Hayek fue un destacado economista austríaco que tuvo que huir de su país en la II Guerra Mundial. Conocedor de primera mano de lo que fue el nazismo y visionario en lo relativo al comunismo, escribió por aquellos años un libro que se ha convertido en un clásico de la economía y de la política: ‘Camino de servidumbre’. La tesis fundamental es bien sencilla: la intervención económica que propugna el comunismo lleva al totalitarismo, con lo que esta doctrina omnicomprensiva terminaría dando el mismo resultado que el sistema hitleriano. Así las cosas, este más que inteligente pensador apostó por el liberalismo más puro, aquel que pretende que el Estado no tenga más que un papel neutral y de simple garantizador del libre mercardo. Pinochet –el primero gracias a los consejos de Milton Friedman y la Escuela de Chicago- Tatcher y Reagan fueron los grandes apologetas de estas ideas que han perdurado hasta hace bien poco.

Son muchos los que ahora se suman a la cáfila de críticos del mercado sin cortapisas. El error, además de la avaricia de unos cuantos, habría estado en la ausencia de instituciones de control. Ésta es la función que tenía tradicionalmente el Estado en la economía y que tanto asustaba a Hayek. Quien domina los medios –el dinero-, domina los fines, venía a resumir el austriaco. Quien decide cuánto se paga y qué actividad se ha de realizar, termina por dominar la vida entera. Esto es el totalitarismo.

Las soluciones de emergencia hay que tomarlas como tales. Parece que no estamos sino pagando los desmanes de una ecuación peligrosa: ambición más falta de control. Bien mirado, ambos factores vienen a ser uno. Vayamos por pasos. Para obtener beneficios, hay que arriesgar. Cuanto más se arriesga, más se gana, especialmente si tu sueldo depende de que obtengas mayores beneficios para la empresa, el banco o lo que fuera. Limitar estos desmanes no parece difícil ni tiene por qué coartar la libertad. Es cuestión de sentido común. Pero la gestión pública, que es el meollo del asunto, tiende a ser ineficiente. Y lo es precisamente por ser pública. ¿Acaso tratamos igual lo que es sólo nuestro y lo que es de todos (y de nadie a la vez)? Analicemos nuestra propia conducta y veremos por qué hay que tener tanto cuidado con la solución que se está proponiendo. ¡Ojo, que somos como somos!