Toca ahora dar un paso más y ver por qué la gestión pública de los recursos tiende a ser ineficiente. Para ello, citaré la explicación -con alguna variante- que ofrece Milton Friedman en el libro ‘Libertad de elegir’, escrito junto a su esposa Rose en 1979. Se puede argüir en contra del ejemplo que procede del mayor enemigo de la intervención estatal en los últimos treinta años e inspirador de las políticas económicas de Pinochet, Reegan o Tatcher, pero ello no implica que su explicación carezca de validez. Imaginemos que tenemos por costumbre salir a cenar todas las noches. Teniendo en cuenta la elección del menú y quién paga la cuenta, se nos presentan cuatro posibilidades:

1- Cada uno elige lo que quiere comer y paga por ello. En este caso, el incentivo es tratar de sacar el máximo partido a cada euro que invertimos. Puede que alguna noche nos demos un capricho, pero a la larga tenderemos a tratar de sacar el máximo partido a nuestro dinero.

2- Uno paga la cuenta y elige para los demás. En este caso, persiste el incentivo de tratar de economizar al máximo, pero puede que no tanto el de elegir el mejor producto. De ser así, la mejor opción sería dejar elegir a los comensales su propio menú.

3- Uno elige lo que quiere y paga un tercero, por ejemplo, la empresa para la que trabaja. Aquí el incentivo parece claro: yo me puedo olvidar del gasto y optar por aquello que más me apetezca sin importar lo que cueste.

4- Yo elijo el menú del resto de comensales y paga la empresa. Se trata de un caso parecido al anterior, sólo que ahora no tengo el incentivo de elegir los mejores productos, pues yo no participo en la misma.

¿A qué categoría pertenece el gasto público? Parece claro que a las posibilidades 3 y 4. Los ciudadanos poco pueden decir sobre la forma en que el Estado gasta el dinero de los impuestos; es éste quien hace las veces del comensal que elije el menú de los demás a cargo de un tercero. He aquí la clave para entender una de las razones por las que se tiene tan poco cuidado a la hora de gestionar el gasto público: se gestiona el dinero ajeno para fines que te pueden beneficiar o no.

Toca ahora pensar si la solución a la crisis pasa por aumentar el gasto público. Si a lo recién expuesto le sumamos el interés de los políticos por aumentar el gasto social para ganarse al electorado y los pocos incentivos que tienen los funcionarios para dar lo mejor de sí mismos, deberíamos meditar un poco más sobre ello. Quizás la solución keynesiana pueda servir como vía de emergencia -la II Guerra Mundial es ejemplo de ello-, pero es bastante más problemática si se piensa en ella como forma de administración en etapas de normalidad.

La ministra de Economía tiene razón. En economía, todo es cuestión de confianza. Así, guardamos el dinero en el banco en la suposición de que siempre que queramos, podamos disponer de él. Es una cuestión de confianza porque ningún banco tiene los fondos suficientes para hacer frente a las peticiones de todos sus clientes. También es cuestión de confianza el valor de los billetes. Esos trozos de papel no valen nada sin el sello del Banco Central Europeo. Se supone que si uno quiere cambiarlo por su valor real, puede ir a la sede del mismo y cambiarlo por oro.

Esto vale también para la vida en general. Si nos duelen las muelas, confiamos en que lo que nos prescribe el médico sea adecuado para eliminar esta molestia. Esa confianza se basa en el título de medicina que puede colgar en su despacho, que a su vez depende de una universidad que debe asegurarse de que sus licenciados son verdaderamente competentes. También confiamos en el fabricante del medicamento, que supuestamente pasa unos rigurosos controles por parte de las autoridades. Y cuando compramos cuaquier producto en el supermercado, confiamos en que no nos va a ocasionar ningún prejuicio.

El problema viene cuando se rompe esa confianza. ¿Qué pasaría si uno va a su banco y le dicen que no puede retirar su dinero? ¿Y si el médico nos receta un medicamento equivocado? ¿O si compramos una caja de leche de la marca X que nos produce gastroenteritis? Lo más probable es que ese fino hilo de fe se rompa y cambiemos de banco, médico o marca de leche. ¿Y si es el Gobierno el que lleva meses haciendo afirmaciones que no se cumplen?

La encrucijada en que se encuentra el Gobierno consiste en que no puede decir toda la verdad. Si Salgado afirmase que la situación es dramática, que nos vemos abocados a una depresión de diez años y que el paro alcanzará el 25%, la economía se hundiría todavía más. Es cuestión de confianza. ¿Qué empresa invertiría con ese panorama? ¿Quién se atrevería a comprar una vivienda con la evidente amenenaza de perder su empleo? Lo que hizo el Ejecutivo en su momento fue tratar de calmar los animos. Cuando la crisis era ya una evidencia, se negó la mayor. Cuando ya era imposible seguir en sus trece, pasó a afirmar que España no la sufriría como sus vecinos. Después, que saldríamos antes del bache. Y ahora, que la subida del IVA no afectará negativamente al consumo porque cuando entre en vigor la medida, la economía habrá empezado a remontar. ¿Alguien cree que será así vistas las anteriores predicciones del Gobierno?

Parece que la delgada línea que separa el mensaje tranquilizador propio de los gobiernos con las afirmaciones inverosímiles para salir del paso ha sido más que superada. Insisto en que Salgado tiene razón: todo es cuestión de confianza.

Sólo hay una situación en la que la subida de impuestos es generalmente aceptada: que los afectados sean los ricos. Se suele argumentar que es una cuestión de solidaridad basada en el principio de que los que tienen más deben ayudar a los que tienen menos. Dejando a un lado la vertiente económica (no se puede olvidar que si se les presiona demasiado, la respuesta será llevar su dinero a otros países, con la consiguiente descapitalización) y entrando en la sociológica, detrás de este discurso parece deslizarse -postulo- un cierto rencor hacia los mejores muy arraigado entre la masa democrático-liberal. Ferviente defensora de que todos los individuos son iguales y de que el voto tiene el mismo valor sea de quien sea y haga lo que haga, todo lo que sobresalga es envidiado a la vez que rechazado. Casi todos aspiran a ser ricos, pero a nadie le gusta que lo sea el vecino.

La solución ortodoxa para salir de la crisis en la que nos encontramos ha sido la siguiente: si como consecuencia del crecimiento del paro los consumidores no gastan, que sea el Estado quien lo haga. El sector público, siempre sospechoso para el homo economicus, se convierte en salvador del sector privado. Bien. Es la receta keynesiana. Sin embargo, parece que por ser público, no cueste nada. 2.500 euros del cheque-bebé, más 400 para los contribuyentes, más otros 420 para los parados que han agotado los subsidios y otros 8.000 millones para el Plan E . ¿Resultado? Que la crisis sigue en pleno auge y el Estado se ha endeudado de forma inútil.

Parece que sólo ahora que se plantea la subida de impuestos (bien sobre las rentas superiores a 50.000 euros anuales , bien sobre los beneficios no ligados al trabajo -inversiones bursátiles…-) nos damos cuenta de que todo ese dinero invertido -a la vista de los hechos, más bien malgastado- no sale de la nada. El Estado se alimenta de los impuestos, directos e indirectos. Como su primera apuesta, la de reactivar los indirectos a través del consumo, no ha salido bien, el Gobierno apuesta ahora por la de los impuestos directos.

La impresión que han dado todas estas medidas es que no respondían a un plan concreto. Cuando Solbes abandonó el Ejecutivo, la sospecha de que estaba harto de todas estas improvisaciones fue adecuadamente destacada en los medios. Y es que una cosa es que se predique el gasto público para salir de la crisis (lo que ya de por sí es discutible), y otra es que se malgaste el dinero público. Sólo ahora, cuando “amenaza” la subida de impuestos, la “mayoría satisfecha” parece darse cuenta de que público no significa gratuito.

Otro ámbito donde se da esta misma confusión entre lo público y lo gratuito es el sanitario. Y es que parece que identificamos sanidad pública con sanidad gratuita. Cuando vayan a la farmacia, observen el precio de los medicamentos y el precio que pagan realmente. ¿Adivinan quién abona la diferencia? Sí, el Estado, es decir, los impuestos, es decir, todos y cada uno de nosotros aunque sea en un porcentaje ínfimo. Como consecuencia del abuso que hacemos de la sanidad pública, tendremos que empezar a valorar realmente lo que nos cuesta. Cuando tengamos que pagar por ello, sabremos realmente que lo público no es gratuito.

En conclusión, los bienes públicos, sean los impuestos, sea la sanidad, se han de emplear con el mayor cuidado posible. Y esto se debe exigir al Gobierno, claro, pero también a los ciudadanos. Existe, creo, una “mentalidad funcionarial” que ve lo público como algo de lo que ha de ser aprovechado en contraposición a la gestión que se hace en el sector privado. Cuando a uno no le afecta directamente, el fraude no es fraude. Falso. Lo de todos, precisamente por ser de todos, ha de ser especialmente “mimado”. Si no, al final viene la subida de impuestos y, con el tiempo, la sanidad privada.

Resulta que se ha defendido a capa y espada la continuidad de la planta que Opel tiene en Figueruelas y la fabricación del Audi Q5 en Martorell como formas de sostener el sector del automóvil y ahora van y encarecen la gasolina que alimenta los mismos. Los vaivenes del mercado mundial han hecho coincidir esta medida con unos precios que se hallan en sus máximos anuales tras varios meses de escalada: el gasoil cuesta el 8% más que en enero y la gasolina, el 24%. Por si fuera poco, ahora llegan también las vacaciones, momento en el que los veraneantes utilizarán sus coches para desplazarse.

¿Alguien entiende esta política? Una de las formas que existen para aumentar la recaudación es, obviamente, incrementar los impuestos. No se trata de una política que esté en absoluto bien vista por parte de la “mayoría satisfecha” (en clarificadora expresión de Galbraith) ni por los políticos que la representan; por lo que adoptarla no es una cuestión sencilla. Pero una vez que se adopta, no estaría de más ser coherente. Si el modelo adoptado pasa por al sector del automóvil, no tiene sentido gravar más el precio de los carburantes. Y más si se tiene en cuenta que los impuestos suponen ya el 57% del coste de la gasolina y el 50% del gasoil.

En definitiva, el Ejecutivo de Zapatero y Sebastián (de éste se sospecha que está detrás de muchas de las ocurrencias económicas que tan poco gustaban a Solbes) debería tener claro que defender el empleo en Figueruelas o Martorell es más que ir a Alemania y ofrecer un sinfín de ventajas a Volkswagen y Opel. Y si no, apostar definitivamente por el transporte público . A los políticos lo mínimo que se les puede pedir es coherencia. Como el valor al soldado.

Cuando el Gobierno da ayudas para incentivar el gasto de los ciudadanos (los famosos 400 euros) sabe bien lo que hace: estimula la actividad de las empresas, pero también llena las arcas públicas. Y bien que hace, si luego lo obtenido se invierte bien. Para sorpresa de muchos, hay un impuesto que la mayoría paga gustosamente, especialmente por estas fechas: la lotería.

Sí, la ilusión de todos los años, no deja de ser un recurso recaudatorio que el Estado implantó en 1767 para obtener más recursos. Carlos III, que había sido virrey en Nápoles antes que rey en España, conoció esta fórmula en Roma y la trajo como una vía de financiación más. Se llamó ‘rentas estancas’ y se correspondían a un monopolio estatal como el existente sobre el tabaco, la sal o el papel sellado. La lotería de Navidad nació años después, a principios del siglo XIX. La situación económica, con la Guerra de Independencia, era aún peor y qué mejor que reflotar la economía que despertando la ilusión de la población; qué mejor que hacerlo con… ¡un nuevo impuesto!

Así que ya saben. Cuando estos días les ofrezcan lotería de mil y un rincones, tengan bien claro lo que están haciendo: pagar impuestos.

P.D. Si piensan que es un impuesto muy ‘especial’ porque da la oportunidad de ganar una fortuna, se equivocan: los matemáticos calculan que, en conjunto y en el mejor de los casos, lo que se gana sólo equilibra lo que se ha invertido en los boletos. Una ilusión menos.