La solución ortodoxa para salir de la crisis en la que nos encontramos ha sido la siguiente: si como consecuencia del crecimiento del paro los consumidores no gastan, que sea el Estado quien lo haga. El sector público, siempre sospechoso para el homo economicus, se convierte en salvador del sector privado. Bien. Es la receta keynesiana. Sin embargo, parece que por ser público, no cueste nada. 2.500 euros del cheque-bebé, más 400 para los contribuyentes, más otros 420 para los parados que han agotado los subsidios y otros 8.000 millones para el Plan E . ¿Resultado? Que la crisis sigue en pleno auge y el Estado se ha endeudado de forma inútil.

Parece que sólo ahora que se plantea la subida de impuestos (bien sobre las rentas superiores a 50.000 euros anuales , bien sobre los beneficios no ligados al trabajo -inversiones bursátiles…-) nos damos cuenta de que todo ese dinero invertido -a la vista de los hechos, más bien malgastado- no sale de la nada. El Estado se alimenta de los impuestos, directos e indirectos. Como su primera apuesta, la de reactivar los indirectos a través del consumo, no ha salido bien, el Gobierno apuesta ahora por la de los impuestos directos.

La impresión que han dado todas estas medidas es que no respondían a un plan concreto. Cuando Solbes abandonó el Ejecutivo, la sospecha de que estaba harto de todas estas improvisaciones fue adecuadamente destacada en los medios. Y es que una cosa es que se predique el gasto público para salir de la crisis (lo que ya de por sí es discutible), y otra es que se malgaste el dinero público. Sólo ahora, cuando “amenaza” la subida de impuestos, la “mayoría satisfecha” parece darse cuenta de que público no significa gratuito.

Otro ámbito donde se da esta misma confusión entre lo público y lo gratuito es el sanitario. Y es que parece que identificamos sanidad pública con sanidad gratuita. Cuando vayan a la farmacia, observen el precio de los medicamentos y el precio que pagan realmente. ¿Adivinan quién abona la diferencia? Sí, el Estado, es decir, los impuestos, es decir, todos y cada uno de nosotros aunque sea en un porcentaje ínfimo. Como consecuencia del abuso que hacemos de la sanidad pública, tendremos que empezar a valorar realmente lo que nos cuesta. Cuando tengamos que pagar por ello, sabremos realmente que lo público no es gratuito.

En conclusión, los bienes públicos, sean los impuestos, sea la sanidad, se han de emplear con el mayor cuidado posible. Y esto se debe exigir al Gobierno, claro, pero también a los ciudadanos. Existe, creo, una “mentalidad funcionarial” que ve lo público como algo de lo que ha de ser aprovechado en contraposición a la gestión que se hace en el sector privado. Cuando a uno no le afecta directamente, el fraude no es fraude. Falso. Lo de todos, precisamente por ser de todos, ha de ser especialmente “mimado”. Si no, al final viene la subida de impuestos y, con el tiempo, la sanidad privada.