Las causas de este colosal hundimiento se atribuyen, como a la crisis en general, a una excesiva desregulación y a la asunción desmesurada de riesgos por parte de la banca. Según cuenta John Lanchester en su libro ‘¡Huy! Por qué todo el mundo debe a todo el mundo y nadie puede pagar’, de donde procede la historia de Rakel, el sector bancario islandés había estado en manos del Estado hasta 2001. Ese año, el Partido Independiente, de talante liberal, decidió la privatización del mismo, nada extraño ante el clima general reinante desde los años de Tatcher, Reagan, Pinochet y la caída de la URSS. El caso es que el sector creció de manera explosiva. El dinero fluía como si manase de la tierra. Los bancos casi imploraban a los islandeses para que asumiesen créditos. Los asesores financieros decían que era como tener delante una carretera despejada y no acelerar: una tontería.

¿Aceleraron los islandeses? Vaya que si lo hicieron. Valgarour Bragason, un albañil, se empeñó por 600.000 libras esterlinas (un poco más en euros) para comprar dos casas y un terreno. No está mal. Pero peor aún es comprobar que muchos de sus compatriotas utilizaron los préstamos para comprarse… coches de lujo. Al fin y al cabo, los terrenos siempre puede revalorizarse porque a una cadena de restaurantes se le antoje el lugar o porque el ayuntamiento de turno quiera recalificarlo, pero un coche comienza a perder valor en cuanto sale del concesionario (¿Por qué? Pensémoslo así: si alguien pone a la venta un coche recién estrenado, lo más seguro es que pensemos mal. Algún defecto tendrá o algo le habrá hecho. Y si no pensamos mal, seguimos estando en posición de fuerza para no pagar lo mismo que ha pagado esa persona; al fin y al cabo es ella quien quiere vender. La única forma de que un coche valga más que su precio inicial es que se convierta en fetiche, bien por ser un clásico, para lo que hacen falta muchos años y dinero en mantenimiento, bien por pertenecer a alguna estrella. En los casos más habituales, es evidente que no sucede así).

Es tan fácil como tranquilizador achacar toda la culpa de la crisis a los excesos de la banca, a su afán por ganar dinero (como decía Gordon Gekko -Michael Douglas- en la película ‘Wall Street’, “la ambición es buena, necesaria y funciona”; o, “lo que importa es el dinero; lo demás es conversación”), pero supone eludir la responsabilidad que tiene cada uno cuando hace lo que en el fondo sabe que no puede hacer. Claro que es muy pero que muy tentador comprarse un Mercedes, como lo es acelerar en una recta despejada, pero la tontería no es no comprarlo o no acelerar, sino hacerlo. Especialmente cuando no se tiene dinero para ello.

Según la Encuesta de Población Activa, España superó los tres millones de funcionarios a finales de 2008, lo que significa que hay 1,4 funcionarios por cada diez trabajadores. El monto total de sus nóminas asciende a 108.000 millones de euros, una cifra más preclara si se añade que supone el 10% del PIB y todavía más si se subraya que de cada diez euros que se generan en España, uno sirve para pagar a empleados públicos. ¿Es dinero bien empleado? Los partidarios de la iniciativa privada seguramente defenderán que no (en un próximo post hablaré sobre este interesante tema) y podrán argumentar además que la productividad de los funcionarios patrios es, a lo que parece, una de las más bajas de Europa.

¿Y cuánto gana un funcionario? Dejando al margen los altos cargos (presidente del Gobierno, del Supremo, ministros…), el jornal del funcionario se establece de la suma de varios conceptos: el sueldo mensual según su categoría (van de la A1, que cobra 1.157 euros, caso de un catedrático, hasta C2, con 546, caso de un soldado); los trienios; el complemento de destino (existen 30 niveles -l 30 se lleva 1.016, mientras el 1, 96-, que se adquieren por el desempeño de esa tarea durante dos años seguidos o tres interrumpidos), más un complemento específico que premia la especial dificultad, responsabilidad o peligrosidad de un cargo (un rector de universidad se lleva 1.495 euros mensuales por este motivo), y dos módulos de equiparación del poder adquisitivo y de calidad de vida.

Pero al margen del sueldo, quizás sean otras condiciones laborales las que más envidias despiertan entre los no-funcionarios. Uno es el puesto fijo. En el siglo XIX, a cada cambio de gobierno le correspondía una limpia de empleados públicos que hizo surgir la figura del “cesante”, la del funcionario que se quedaba sin trabajo a cada cambio de gobierno, la del funcionario retratado por Galdós en ‘Miau’. Ahora, para que un funcionario pierda su puesto tiene que “cumplir” alguno de estos requisitos: una sanción disciplinaria lo suficientemente grave (algunos casos son el abandono del servicio, discriminación, uso de información de forma indebida, no respeto a la Constitución…); una pena de inhabilitación para cargo público, y las tres más curiosas: renunciar al cargo, perder la nacionalidad o la jubilación. En definitiva, un funcionario sólo pierde el puesto porque quiere o porque la “lía pero que bien liada”.

En cuanto a las bajas temporales, los funcionarios perciben su sueldo completo durante los tres primeros meses y, desde el cuarto, las retribuciones básicas, la prestación por hijo a cargo, en su caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que rondará el 75-80% del anterior. Además, disponen de seis días por asuntos particulares (2 días adicionales al cumplir el 6º trienio, incrementándose en 1 día adicional por cada trienio cumplido a partir del 8º) y los habituales por nacimientos, defunciones o mudanzas.

Visto este resumen, ¿qué incentivo tiene un funcionario para dar el 100% en su trabajo? Es realmente difícil que pierdan el puesto, tienen un (en general) buen sueldo garantizado, la baja supone cobrar prácticamente lo mismo que cuando están trabajando… ¿Es entonces el crecimiento del sector público la mejor solución para salir de la crisis? Es difícil discutir que los fines del estado de bienestar son “buenos” y deseables, pero ¿qué cabe decir de los medios, es decir, de la naturaleza de la gestión pública? ¿Es posible un equilibrio entre la seguridad necesaria para todo trabajador y la no menor necesidad de buscar el mejor rendimiento? Más, en el próximo post

Algunos han acusado al filósofo francés de ser el precursor del ateísmo moderno. Al fin y al cabo -dicen- él fue quien explicó el mundo sin la necesidad de la deidad; su reducido papel de relojero no tardaría en ser descartado. De la misma forma, la solución que se da a las crisis económicas actuales cada vez que me convence menos, sobre todo de la forma en que se está aplicando en España. La teoría keynesiana apuesta por la inversión pública para restablecer la buena salud del sistema. Otros causan el temblor económico (especuladores inmobiliarios en 1929, la banca en la actualidad y, siempre, los avariciosos ciudadanos), pero es papá-Estado quien debe volver a dar un impulso al sistema.

La aplicación de este remedio como se está haciendo en España, como digo, no me convence, La “inversión” se está convirtiendo descaradamente en un derroche. Generalizando lo que veo a mi alrededor, una cantidad más que respetable de esos 8.000 millones se dedica a reacondicionamientos innecesarios. Muchas de las carreteras reasfaltadas no lo necesitan en absoluto, como tampoco necesitan retoque alguno muchos de los parques rehabilitados. Cierto que generan empleo, pero hay mucho de contradictorio en esta estrategia de derrochar cuando no se tiene dinero. ¿Está Dios para esto? ¿Leen los economistas a Descartes?

Lo que hoy es noticia mañana ya no lo es. Ésta es una de las máximas que los medios tienen grabada a fuego en su forma de actuar y que nadie parece poner en tela de juicio. Sin embargo, creo que hacer un seguimiento de los que un día fue noticia podría ser igualmente interesante y serviría además para subrayar su condición de noticiable. Los dos ejemplos que voy a poner no tienen relación alguna pero ilustran bien la facilidad de los medios para olvidar lo que un día fue noticia.

El año pasado, sí, en 2008, los medios alertaron de las terribles consecuencias que podía tener la crisis alimentaria que se extendía por el mundo. 37 países y 100 millones de personas corrían serio peligro según la FAO y Ban Ki Moon. La subida del precio de los cereales, debida según muchos a los biocombustibles (ésta es otra de esas explicaciones que se dan por válidas pero raramente se estudia si verdaderamente tienen sentido. Sólo un dato, extraído de un gran artículo de Josep Borrell , refuta su solidez: el arroz, que no se usa para combustible, subió en la misma medida que otros cereales que sí se emplean para estos menesteres, luego habrá que buscar otra hipótesis más verosímil), era la gran responsable de este desastre. Un año después, insisto, sólo un año después, nadie habla de un hecho tan grave. ¿Qué ha sucedido? ¿Ha mejorado la situación o, por el contrario, ha empeorado.¿Por qué no se hace un seguimiento de un hecho tan fundamental?

El otro ejemplo es de una trascendencia infinitamente menor pero revela esta irreversible tendencia al olvido. La temporada 2006-2007 la liga de fútbol se vio lastrada por un sinfín de graves lesiones de rodilla . Eto´o, Maxi Rodríguez, Petrov, Pires, Regueiro, Gonzalo Rodríguez, Valerón y otros muchos fueron los damnificados. Noticia, olieron los medios, que en seguida comenzaron a especular sobre las causas: que si el césped, que si las botas, que si las exigencias del deporte de alta competición… Se anunció incluso una reunión de los médicos de los equipos de Primera división para analizar este fenómeno. ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Qué se ha hecho desde entonces? ¿Alguien sabe algo?

¿Alguien sabe algo? ¿Es esto noticia o no lo es? Olvidémoslo.