La confianza, el término más utilizado últimamente por los economistas y políticos, es un estado de ánimo, una cierta inclinación tan difícil de explicar cómo fácil de menoscabar. Se trata de que los consumidores tengan la suficiente tranquilidad económica para gastar, de que las empresas tengan buenas perspectivas para invertir, de que los bancos se presten a prestar… El problema viene cuando el encargado de que todo este marco idílico se cumpla ofrece datos irreales y continuamente defenestrados. Cierto que tampoco puede decir que la crisis es gravísima e irrecuperable, porque sólo serviría para ahondar en la misma; pero que la previsión de paro sea falsada sólo dos días después de su inclusión en los Presupuestos Generales es otro durísimo golpe a la confianza en el mensaje gubernamental.

Sólo hay dos excepciones a la ley no escrita que dice que un gobierno no puede reconocer las verdades económicas: una, es la guerra, para instar a los ciudadanos a conceder lo que de otra forma sería impensable, y otra, la sucesión de otro ejecutivo con el que se quieren marcar distancias y evitar responsabilidades (léase el caso de Obama respecto a Bush y la crisis que se encontró). Y no nos encontramos en ninguna de ellas. ¿Cuál será la siguiente previsión en ser superada?

La ministra de Economía tiene razón. En economía, todo es cuestión de confianza. Así, guardamos el dinero en el banco en la suposición de que siempre que queramos, podamos disponer de él. Es una cuestión de confianza porque ningún banco tiene los fondos suficientes para hacer frente a las peticiones de todos sus clientes. También es cuestión de confianza el valor de los billetes. Esos trozos de papel no valen nada sin el sello del Banco Central Europeo. Se supone que si uno quiere cambiarlo por su valor real, puede ir a la sede del mismo y cambiarlo por oro.

Esto vale también para la vida en general. Si nos duelen las muelas, confiamos en que lo que nos prescribe el médico sea adecuado para eliminar esta molestia. Esa confianza se basa en el título de medicina que puede colgar en su despacho, que a su vez depende de una universidad que debe asegurarse de que sus licenciados son verdaderamente competentes. También confiamos en el fabricante del medicamento, que supuestamente pasa unos rigurosos controles por parte de las autoridades. Y cuando compramos cuaquier producto en el supermercado, confiamos en que no nos va a ocasionar ningún prejuicio.

El problema viene cuando se rompe esa confianza. ¿Qué pasaría si uno va a su banco y le dicen que no puede retirar su dinero? ¿Y si el médico nos receta un medicamento equivocado? ¿O si compramos una caja de leche de la marca X que nos produce gastroenteritis? Lo más probable es que ese fino hilo de fe se rompa y cambiemos de banco, médico o marca de leche. ¿Y si es el Gobierno el que lleva meses haciendo afirmaciones que no se cumplen?

La encrucijada en que se encuentra el Gobierno consiste en que no puede decir toda la verdad. Si Salgado afirmase que la situación es dramática, que nos vemos abocados a una depresión de diez años y que el paro alcanzará el 25%, la economía se hundiría todavía más. Es cuestión de confianza. ¿Qué empresa invertiría con ese panorama? ¿Quién se atrevería a comprar una vivienda con la evidente amenenaza de perder su empleo? Lo que hizo el Ejecutivo en su momento fue tratar de calmar los animos. Cuando la crisis era ya una evidencia, se negó la mayor. Cuando ya era imposible seguir en sus trece, pasó a afirmar que España no la sufriría como sus vecinos. Después, que saldríamos antes del bache. Y ahora, que la subida del IVA no afectará negativamente al consumo porque cuando entre en vigor la medida, la economía habrá empezado a remontar. ¿Alguien cree que será así vistas las anteriores predicciones del Gobierno?

Parece que la delgada línea que separa el mensaje tranquilizador propio de los gobiernos con las afirmaciones inverosímiles para salir del paso ha sido más que superada. Insisto en que Salgado tiene razón: todo es cuestión de confianza.