Los Consejos Comunales en la distribución vertical del Poder Público venezolano (un nuevo poder)

CONCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR

De conformidad con el artículo 5 de la Constitución Nacional de 1999, la soberanía ya no es solo un concepto abstracto que “reside en el pueblo”, como de manera simple lo enunciaba el artículo 4 de la anterior Constitución de 1961, sino que ahora éste, “la ejerce directamente”, y va mucho más allá, pues enfatiza que “los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

De tal forma que partiendo de esta premisa, y concatenándola con los artículos 6, 62 y 70 de la misma Constitución, cabe la pregunta ¿la organización comunal es creadora de Poder Público?

Al respecto, el artículo 6 Constitucional dice que el gobierno de la República y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

Por su parte el artículo 62 ejusdem preceptúa que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, y que la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo.

Luego, en el artículo 70 la Constitución establece que son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto Y LA ASAMBLEA DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS CUYAS DECISIONES SERÁN DE CARÁCTER VINCULANTE, ENTRE OTROS.

LAS ASOCIACIONES DE VECINOS COMO ANTECEDENTE POSITIVO DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR

Ya desde hace años, aún durante la vigencia de la Constitución de 1961, se normaba y estimulaba legalmente la participación “directa” de la comunidad en la gestión de los asuntos públicos de manera más orgánica. Así por ejemplo, al menos desde la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1978, en el artículo 148, se regulaba la constitución de Asociaciones de Vecinos, con personalidad jurídica, dentro de un ámbito predeterminado de territorio (por el órgano administrativo municipal) y regido bajo formas democráticas de origen primario.

El artículo 170 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1989, por su puesto preconstitucional a la Constitución de 1999, ordenaba a los Municipio y demás entidades locales favorecer el desarrollo de las Asociaciones de Vecinos, “destinadas a la defensa de los intereses colectivos”, y ordenaba a su vez, facilitar la más amplia información de sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el beneficio de ayudas económicas para la realización de sus fines.

La vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal del año 2005, (en lo adelante LOPPM) (reformada recientemente, aunque no en los aspectos que aquí se tocan) denomina al título VI como “de la participación protagónica en la gestión local”. Y dice en su artículo 253 que, la participación protagónica del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública municipal es el medio necesario para garantizar su completo desarrollo tanto individual como colectivo, dentro del Municipio. Y ordena a las autoridades municipales promover y garantizar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública y facilitar las formas, medios y procedimientos para que los derechos de participación se materialicen de manera efectiva, suficiente y oportuna

Las formas de organización y participación son concebidas aquí de manera genérica, de tal forma que las asociaciones de vecinos, por ejemplo, ya no son el ente privilegiado para tal fin. Desde este punto de vista, “los derechos de participación en la gestión” son el continente, que se ejerce “a través de distintas expresiones” (artículo 255 LOPPM), dentro del cual caben las asociaciones de vecinos, que siguen teniendo personalidad jurídica, forma democrática, territorio predeterminado y siguen destinadas a la defensa de los intereses colectivos, además de que continúan teniendo el derecho a que los Municipios y demás entidades locales les faciliten información, el uso de medios públicos y el beneficio de subsidios o aportes para la realización de sus fines (art. 260 LOPPM).

LOS CONSEJOS COMUNALES

Pero hoy en día existe otro ente novedoso creado mediante ley, la Ley de Los Consejos Comunales del año 2006 (en lo adelante LCC). En el artículo 2 de ésta se dice que “los consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social”.

CARACTERÍSTICAS

Estos consejos comunales tienen un territorio o área geográfica determinada. Determinada por su propia realidad o acto creador en Asamblea de Ciudadanos (art. 4.3). También tienen personalidad jurídica (art. 20, único aparte LCC)

Su origen es primario y democrático (art. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 6, 12 y 19 LCC). Primario no solo porque la elección de sus órganos es de primer grado, sino porque su cuerpo electoral nace en abstracto y lo levanta la inspiración o iniciativa de organización (equipo promotor provisional. Art. 15 LCC), mediante una única orientación de ley, ser habitante de la comunidad y mayor de 15 años; además, la comunidad, limitada dentro de lo geográfico, también se concibe en abstracto y se concreta en la inspiración creadora, pues está implícito en el artículo 15 ejusdem que en la iniciativa del equipo promotor provisional queda comprendida la comunidad y por ende el área geográfica, o viceversa, ya que en el numeral 1 se establece que el equipo promotor provisional está integrado por los ciudadanos y ciudadanas “de la comunidad que asuman esta iniciativa”.

Luego también, los consejos comunales tienen competencias propias, ahora ya no tan genéricas (la defensa de los intereses colectivos y la realización de sus fines) sino más concretas, no desde el punto de vista de su enumeración, sino a través de la forma en que están concebidos: comités de trabajo o temáticos en todas las materias posibles y muy especialmente, a través de la unidad de gestión financiera o banco comunal, lo que concatenado a la previsión y mandato de ley sobre los recursos (art. 25, 26 y 28 LCC) que se les transfieren para su manejo y gestión por si misma, confirma que la concepción de este ente tiene una misión o una finalidad de participación o protagonismo actuante. La realización concreta de actividad pública.

Así, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, instancia primaria y máxima del Consejo Comunal (art. 4.5 y 6 LCC), aprueba el plan de desarrollo de la comunidad y los proyectos (art. 6.3 y 6.4 LCC), que ejecuta bajo la administración de sus propios recursos (transferidos y gestionados), a través del Banco Comunal (art. 10, 22.1 y 26 LCC).

Los recursos transferidos por la República, los estados y los municipios, y los que provengan de la Ley de Creación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (art. 25.1 y 25.2 LCC), pasan a ser propios de los Consejos Comunales.

Pero además, generan sus recursos propios, no por la vía impositiva, pero si por “la administración de los servicios públicos que les sean transferidos por el Estado” (art. 25.3 LCC) y los generados por el manejo financiero de sus recursos (art. 24.4 LCC).

En otro orden de ideas, también tienen potestad legislativa en sentido amplio, pues de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 6 LCC, la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas APRUEBA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD, y los estatutos.

Finalmente una nota muy importante, gozan de autonomía jurídica, ya que al margen de la sujeción que puedan y deben tener al control de la Contraloría General de la República POR MANEJAR FONDOS PÚBLICOS (indistintamente de su propio órgano de contraloría social) y al margen de que en el equipo promotor provisional deba participar un representante de la Comisión Presidencial del Poder Popular (art. 15.1 LCC) y que los Consejos Comunales tengan que registrarse ante la Comisión Local Presidencial del Poder Popular, sus actos solo son revisables en vía jurisdiccional, porque ninguna ley los vincula a la tutela o dependencia de órgano o autoridad superior o de jerárquica alguna, ni mucho menos sus autoridades y órganos dependen en su remoción más que de la misma Asamblea de Ciudadanos.

NATURALEZA

Por todo lo caracterizado de los Consejos Comunales vale concluir en que son un verdadero Poder Público.

En efecto, en primer lugar el Poder Público lo ejerce el Estado. ¡Entonces! ¿Qué es el Estado? Tomando prestada la noción del profesor de teoría filosófica del Estado, en las universidades de Oxford y Turín, Alessandro Passerin D’Entrèves (La noción de Estado, una introducción a la Teoría Política, Editorial Ariel SA, Barcelona 2001, pág. 120), el Estado es una de las “múltiples formas de sociedades humanas”, “dotada de un especial poder: un poder que administra, promulga leyes, juzga e impone tributos, no en virtud de una simple posesión de la fuerza material o por las cualidades personales de un jefe, sino por razón de un conjunto de normas” de derecho público.

Ahora bien, además de tener que referir qué es el Estado, también tendría que analizarse aquí qué es el derecho público, pero ni aquello ni esto son materia propia de este ensayo, y por lo mismo de que se trata de un ensayo no se precisa necesario horizontalizar, si el término es permitido, en los conceptos circundantes, por lo cual tan solo basta referir la noción lata de que, derecho público es lo que atañe a la organización e interés de la sociedad.

Así, los Consejos comunales tienen por ley un PODER de administración y gestión de intereses sociales, lo cual, aunado a su autarquía lo convierte en un ente político, y desde este punto de vista es inobjetable que sería una organización estatal, y por ende sería Estado, toda vez que como lo reseña el reconocido académico venezolano Allan R. Brewer-Carias (Instituciones políticas y constitucionales, tomo II, Universidad Católica del Táchira – Editorial Jurídico Venezolana, 3ra edición, Caracas – San Cristóbal 1996, pág13) el Estado es una idea abstracta, no una realidad orgánica, desde el punto de vista según el cual el Estado “no tiene realidad como órgano actuante en la vida jurídica”, sino como “la suma de todos los entes que actúan en la organización política de la sociedad, cualquiera que ellos sean a cualquier nivel”.

Además de ser una forma de organización y poder social, y por ende ser un ente político, también comparte otras caracterizaciones del poder público vertical o territorial, pues es autárquico (se crea a si mismo y no depende o está sujeto a la nulidad de sus actos sino por vía judicial), con personalidad jurídica propia; es autónomo en lo organizativo, en la gestión de sus actividades y recursos; cumple atribuciones normativas; y tiene jurisdicción territorial, tal y como quedó demostrado con anterioridad.

No huelga aclarar que hay atributos de los que se puede prescindir sin dejar de ser un Poder. Por ejemplo, los estados y los municipios no tienen funciones judiciales que si las tiene la Nación. De tal forma que el Poder Comunal puede presidir por ejemplo de función legislativa o normativa que si la tienen los estados y municipios, y no por ello dejar de ser un Poder; mas sin embargo, aunque atenuado en principio (pues habría que profundizar en el alcance de la facultad de “aprobar las normas de convivencia de la comunidad”) si la tiene.

CONCLUSIONES

De tal forma que a la distribución del Poder Público en Municipal, Estadal y Nacional que enumera el artículo 136 Constitucional, hay que agregar una cuarta categoría, el Poder Local, Poder Comunal o Poder Popular, representado en las variadas formas de organización que pueda asumir el pueblo en las distintas comunidades, de manera propia, para gestionar asuntos públicos en forma directa, y de las cuales, su expresión más elaborada actualmente es la figura de los Consejos Comunales, pero en el que también pudiera caber la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, “cuyas decisiones tienen carácter vinculante”.

No se opone a esta afirmación la circunstancia de que el artículo 136 Constitucional no haya incluido este cuarto Poder dentro de su enumeración, pues la Constitución es un todo, no una suerte de compartimientos estancos. Así, al ser nuestra forma de Estado federal “descentralizada”, implica o sustenta la atomización vertical del Poder, lo cual es un principio liberal de garantía de la libertad y de la vigencia de los derechos humanos.

En igual sentido, al ser el gobierno de la República y las entidades políticas que la componen, participativo y descentralizado, toda nuestra organización estatal está imbuida de esos principios y nada es más cercano a la plena realización de ellos, que llevar el poder a la comunidad misma.

Pero más contundente resultan los nuevos los atributos de la soberanía positivados en la Constitución, cuando declara que la soberanía RESIDE INTRANSFERIBLEMENTE en el pueblo y que SE EJERCE DIRECTAMENTE, amén de que LOS ÓRGANOS DEL ESTADO EMANAN DE LA SOBERANÍA POPULAR.

Ello implica que la soberanía popular es creadora, es por su puesto fuente primaria que no puede estar atada, ni siquiera por la propia Constitución, porque es justamente el poder originario, y no hay mejor expresión de esa soberanía que el ejercicio directo de sus asuntos, para lo cual puede autorganizarce. De tal forma que podrá existir cualquier cantidad de entes políticos o descentralizados territorialmente antes de llegar a la base, o partiendo de la base, pero siempre existirá el poder de base, el poder soberano, el poder popular, que no era, o que aún no es visible, por la falta de conciencia comunal, pero que las normas constitucionales supra dichas y la aun novedosa Ley de los Consejos Comunales, presentan como una gran oportunidad para la explosión del Poder Comunal

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